Associated Press

QUITO (AP) — En medio del rechazo de organizaciones indígenas, ambientalistas y sectores de oposición, la Asamblea de Ecuador aprobó el jueves una ley impulsada desde el oficialismo que, asegura, fomentará la inversión en los sectores estratégicos de energía y minería.

La ley, que se aprobó con 77 votos, agiliza los procedimientos administrativos para entrega de permisos y reducción de costos, sustituye la licencia por la autorización ambiental, cuya diferencia radicaría en el tiempo de ejecución y celeridad para procesos de regulación de la actividad evitando “inactividad prolongada”, sin reducir “estándares de protección”.

Además, entrega autorizaciones por fases, otorga incentivos para las actividades asociadas a la inversión minera, establece procesos de formalización de la minería artesanal, y fortalece controles para la minería ilegal, entre otras.

“Camino a la formalidad, a la conservación y a potenciar oportunidades” en los sectores estratégicos, escribió en X la ministra de Ambiente, Inés Manzano, al celebrar la aprobación de la ley, mientras desde sectores de oposición se anunciaron medidas para impedir su aplicación.

El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, Marlon Vargas, aseguró en declaraciones difundidas en X que la ley “reduce la consulta previa (a poblaciones indígenas), reemplaza licencias por simples autorizaciones y facilita concesiones de largo plazo” en beneficio de “grandes empresas”.

Reclamó que el “extractivismo” contamina las fuentes de agua, vulnerando derechos colectivos y de la naturaleza.

“Esto es firmar la partida de defunción a la mega biodiversidad que tenemos en el Ecuador: las fuentes de agua, los bosques”, declaró el dirigente indígena y excandidato presidencial de izquierda, Yaku Pérez, quien llamó a protestar en las calles y anunció acciones legales contra la normativa. “Esta minería es ecocida, es regresiva en derechos” señaló Pérez.

La organización ambientalista Yasunidos también informó en un comunicado que demandará esa norma por considerarla inconstitucional.

Durante el debate que antecedió a la votación, legisladores del partido gobiernista defendieron la iniciativa. Alejandro Lara señaló que de 2020 a 2024 el sector minero generó ingresos por 450 millones de dólares anuales, por lo que “es importante que se favorezca la inversión”.

Desde el principal partido de oposición, Revolución Ciudadana, Verónica Íñiguez, afirmó que “acaban de regalar nuestros recursos naturales”. La ley deberá ser enviada al Ejecutivo para su pronunciamiento.