Associated Press

SANTO DOMINGO (AP) — Un juez dominicano ordenó la prisión preventiva de siete exfuncionarios del Seguro Nacional de Salud (SENASA) y tres empresarios del sector por su presunta participación en un esquema de corrupción que desvió más de 250 millones de dólares del presupuesto asignado a la cobertura de medicamentos, consultas y procedimientos para los afiliados del seguro estatal.

Los fiscales señalaron como supuesto cabecilla de la estructura al exdirector del SENASA, Santiago Marcelo F. Hazim Albainy, quien fue designado en esa posición en agosto de 2020. Hazim habría aceptado sobornos de representantes de grupos médicos que obtuvieron contratos por servicios proporcionados falsamente a personas que ya estaban muertas o por procedimientos costosos que nunca se hicieron.

Hazim deberá cumplir 18 meses de prisión preventiva junto a otros seis exfuncionarios que presuntamente participaron en el esquema. Todos están acusados ​​de colusión, soborno, fraude, malversación de fondos y lavado de dinero.

Asimismo ordenó el arresto domiciliario, el impedimento de salida del país y garantías económicas para el empresario médico Eduardo Read Estrella, así como para otras dos ejecutivas del sector privado.

“Es la operación más grave de corrupción que ha presentado el Ministerio Público hasta este momento. ¿Por qué decimos esto? Porque es un atentado directo a un derecho fundamental de las personas, aquí estamos hablando de que se robó, se sustrajo, dinero de la salud y no de la salud de cualquiera, del seguro de salud de los más pobres”, dijo Mirna Ortiz, fiscal titular de Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) al depositar la acusación.

El abogado de Hazim, Miguel Valerio, había solicitado que su cliente no fuera enviado a prisión ni puesto bajo arresto domiciliario debido a problemas de salud que lo han obligado a buscar tratamiento en Estados Unidos.

Mientras tanto, los abogados de Estrella han afirmado que está cooperando con las autoridades.

El juez dio a la fiscalía ocho meses para finalizar su investigación.

“Es una decisión histórica que ha dado este tribunal y que la ha basado fundamentalmente en tres elementos: uno de esos elementos ha sido la gravedad de los hechos que el juez ha reconocido y que, incluso, los ha calificado como crueles y muy graves”, declaró a la prensa el procurador adjunto Wilson Camacho tras la decisión del juez.

Mientras en el tribunal se conocía el caso, que se prolongó hasta altas horas de la noche del domingo, cientos se manifestaban en las afueras exigiendo justicia y que no se beneficiara con acuerdos y privilegios a los involucrados.