Por ASTRID SUÁREZ

BOGOTÁ (AP) — El Tribunal de Paz de Colombia anunció el lunes que culminó la etapa de investigación sobre los miles de secuestros perpetrados por la hoy extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que permitió identificar a los máximos responsables de perpetrar ese delito durante cinco décadas de conflicto armado interno.

“Esto significa que la justicia, por primera vez, conoce quiénes son los máximos responsables nacionales y regionales de estos crímenes, cómo se ejecutaron las órdenes de secuestrar, a qué patrones criminales respondieron y el daño enorme y diferenciado que dejaron en las víctimas, las comunidades y los territorios”, indicó el tribunal en un comunicado.

La investigación sobre los secuestros cometidos por las FARC, creadas en los años 60, inició en 2018, dos años después de la firma del histórico acuerdo de paz entre el Estado y la guerrilla, y determinó que fueron responsables de más de 21.300 raptos, uno de los crímenes más repudiados en el país.

“Los secuestros se convirtieron en el retrato de la degradación de la guerra: personas encadenadas, demacradas, vigiladas entre alambres de púas, expuestas ante el país entero en verdaderos campos de concentración”, señaló a la prensa Alejandro Ramelli, presidente del tribunal denominado Jurisdicción Especial para la Paz.

La investigación ha permitido identificar a 63 máximos responsables de los plagios, es decir, quienes idearon las políticas para secuestrar personas durante el conflicto, por lo que fueron imputados por crímenes de guerra y lesa humanidad, como privaciones graves a la libertad, tortura, tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y esclavitud.

El lunes el tribunal imputó a 15 exguerrilleros, calificados como máximos responsables y que pertenecieron a los bloques Sur y Oriental de las FARC, consideradas dos de las estructuras “más crueles” de la guerrilla porque sus víctimas fueron las que “duraron más tiempo en cautiverio y en condiciones extremas, como los hacinamientos en cajones de tablas o en alambradas de púas”.

Ramelli explicó que el cierre de la investigación sobre los máximos responsables no significa el cierre de los procesos judiciales por secuestro, dado que continúan investigando y procesando a quienes son autores materiales.

El caso de los secuestros cometidos por las FARC es uno de los más avanzados del tribunal. En septiembre de 2025 emitió la primera sentencia contra la antigua cúpula de la guerrilla, luego de que aceptara su responsabilidad por miles de hechos.

El tribunal impuso a esos exguerrilleros sanciones que no implican la privación de la libertad, pero sí restricciones a sus derechos de movilidad y trabajos en proyectos para reparar el daño causado a las víctimas.

Aunque las antiguas FARC han pedido perdón por los secuestros perpetrados, se han mostrado en desacuerdo por la imputación por esclavitud, entendida como la imposición de trabajos forzados a sus víctimas mientras estaban en cautiverio.

“Ellos (FARC) reconocieron que los hechos eran ciertos… lo que dijeron los últimos miembros del Secretariado (la cúpula) es que no se debía calificar como esclavitud, sino como trato cruel e inhumano; es decir, no niegan que el hecho exista, niegan el nombre”, indicó la magistrada Julieta Lemaitre.

Por tanto, agregó Lemaitre, una instancia de apelación del tribunal está estudiando el caso para definir cómo se le llamará al delito.

Según el tribunal, las FARC secuestraban civiles para financiar sus operaciones a través del pago de extorsiones, forzar el intercambio de guerrilleros presos —especialmente presionando con figuras de perfil político— y ejercer control sobre la población, sobre todo la de zonas con baja o nula presencia estatal.