Por NAYARA BATSCHKE

SANTIAGO (AP) — La Asociación del Fútbol Argentino, en la mira de la justicia por supuestas maniobras de lavado de dinero, negó “categóricamente” la existencia de cualquier incumplimiento de su parte y acusó a la Inspección General de Justicia de actuar con una “desidia gravísima a lo largo de los años”.

Según un comunicado emitido el martes, la entidad rectora del fútbol argentino señaló que ha contestado a la intimación de la Inspección General de Justicia (IGJ) —el organismo estatal que en Argentina supervisa el funcionamiento de las asociaciones civiles— y ha entregado la documentación correspondiente a los ejercicios contables de 2017 a 2024.

El Ministerio de Justicia, a través de la IGJ, había emplazado a la AFA, presidida por Claudio “Chiqui” Tapia, y a la Liga Profesional de Fútbol a brindar respuestas formales sobre presuntas inconsistencias contables que superan los 450 millones de dólares.

Ambas deberían presentar hasta el próximo 20 de enero los documentos y balances que respalden los gastos y las inversiones realizadas desde 2017.

La AFA informó que cumplió con lo requerido y “procedió a contestar la mencionada intimación, como también a responder las vistas contables con relación a los ejercicios contables” solicitados.

En un largo comunicado, la entidad rechazó las afirmaciones de la IGJ de que no había informado su cambio de jurisdicción y negó que se “escapó” para eludir controles. Aseguró además que siempre presentó “en tiempo y forma, todos sus balances” desde el ejercicio cerrado en junio de 2017 hasta el de junio de 2024.

A lo largo de ese periodo, explicó, “solo una única vista fue debidamente notificada a la AFA”, correspondiente al balance cerrado en junio de 2017 y que fue respondida por la entidad en enero de 2018.

Indicó además que ha solicitado y obtenido “múltiples certificados” emitidos por la propia IGJ que comprueban que la AFA “se encontraba al día con la presentación de balances y cumplía con la documentación… exigida”.

“Estos actos administrativos desmienten de manera objetiva la existencia de supuestos incumplimientos históricos y tornan contradictorias las afirmaciones actuales del propio organismo”, expresó.

La máxima institución de fútbol de Argentina se vio contra las cuerdas después de que el gobierno del presidente Javier Milei denunció en diciembre ante la CONMEBOL al titular de la federación argentina por presuntas violaciones al código de ética.

Poco después el gobierno emplazó a la entidad a dar las explicaciones correspondientes a “las cifras contenidas en sus estados contables y financieros” y advirtió de que “la falta de respuesta o incumplimiento de los requerimientos dentro del plazo podrá derivar en sanciones económicas severas”, según anunció el Ministerio de Justicia en su momento.

En ese sentido, la AFA acusó que “en el contexto político de enfrentamiento entre el gobierno y la AFA”, la IGJ ha construido un “relato ficticio de incumplimiento” y actuado con una “desidia gravísima a lo largo de los años”.

“Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión”, manifestó.

A lo largo de esta semana, el organismo de control oficial realizará las primeras audiencias para tomar las declaraciones de los contadores y otros profesionales que han intervenido en los estados contables cuestionados de la entidad.

Simultáneamente a estas pesquisas, la justicia argentina adelanta además varias otras investigaciones sobre el patrimonio de Tapia y del tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, quienes enfrentan varias investigaciones paralelas sobre el manejo financiero de la entidad.

Durante el mes de diciembre la policía federal realizó diversas operaciones de registro y allanamiento en oficinas y sede de la AFA, así como en el edificio de entrenamiento de la selección nacional y las sedes de casi una veintena de clubes de primera y segunda división.

También en diciembre un fiscal imputó a Tapia, Toviggino y al resto de la cúpula de la AFA por la presunta retención indebida de tributos de la seguridad social por más de 12,8 millones de dólares en lo que supuso el primer avance concreto de la justicia sobre el máximo dirigente del fútbol nacional.

En medio del terremoto de acusaciones por maniobras con fondos de la entidad, Tapia rompió su silencio el martes en declaraciones al medio local La Nación y afirmó estar “tranquilo”.

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