Por ANDREA RODRÍGUEZ

LA HABANA (AP) — Un tribunal cubano condenó al ex viceprimer ministro y extitular de Economía, Alejandro Gil Fernández, a una cadena perpetua y a 20 años de prisión en dos causas separadas por delitos que van desde el espionaje a la falsificación de documentos.

Una nota del Tribunal Supremo Popular —la Corte Suprema— indicó el lunes que se habían notificado las sentencias contra quien fuera uno de los más cercanos colaboradores del presidente Miguel Díaz-Canel hasta su caída a comienzos de 2024.

En una primera causa desarrollada entre el 11 y 13 de noviembre por delitos de espionaje, actos en perjuicio de la actividad económica y violación de la protección de documentos clasificados el tribunal le impuso una sanción de privación perpetua, indicó el comunicado.

Agregó que en la segunda, que realizó entre el 26 y el 29 de noviembre por delitos que iban del cohecho al tráfico de influencias, se determinó una pena de 20 años de cárcel. Las sentencias pueden ser apeladas.

“Una vez resueltos los recursos contra las sentencias –obligatorios cuando se trata de castigos tan severos—, de ratificarse su responsabilidad se le formará una sanción conjunta y única a ejecutar entre todas las penas impuestas”, expresó la nota del Tribunal Supremo.

Gil fue el funcionario de más alto rango en ser separado de su cargo desde 2009, cuando se desplazó al entonces vicepresidente Carlos Lage y al entonces canciller Felipe Pérez Roque debido a filtraciones de información a otro país, aunque a ellos dos no se los enjuició. Ambos desaparecieron de la vida pública, pero permanecen en libertad.

El Tribunal Supremo aclaró además en su nota que como sanciones accesorias se procedió a la confiscación de bienes.

Aunque cuando se ventiló el inicio del proceso en octubre se habló de otros implicados, en la nota judicial de este lunes solo se mencionó a Gil. Las vistas orales se desarrollaron a puertas cerradas, incluso ante el pedido de una hija del exfuncionario de que se abriera al público.

Gil era titular de Economía y Planificación desde 2018, responsabilidad a la que agregó la de viceprimer ministro en 2019. Fue cesado en febrero de 2024 mediante un escueto anuncio y sin que se diera ninguna explicación oficial.

El exfuncionario se desempeñó como directivo de varias empresas estatales antes de ascender a los primeros puestos del gabinete. Fue la cara visible del programa de unificación monetaria y cambiaria, así como de una reforma financiera en 2021 que desató un proceso inflacionario.

Según el comunicado del Tribunal Supremo, Gil “se aprovechó de las facultades otorgadas” para obtener beneficios personales, “recibiendo dinero de firmas extranjeras y sobornando a otros funcionarios”.