Por ALANNA DURKIN RICHER y ERIC TUCKER

WASHINGTON (AP) — Tras el arresto de un hombre acusado de colocar dos bombas caseras frente a las sedes de los partidos republicano y demócrata el 5 de enero de 2021, la advertencia del gobierno de Donald Trump fue clara: quien acuda a la capital del país a atacar a ciudadanos e instituciones democráticas, tendrá que rendir cuentas.

No obstante, los líderes del Departamento de Justicia que anunciaron el arresto no mencionaron los actos de violencia que se desataron cuando partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio y se enfrentaron con la policía un día después que los artefactos explosivos fueran colocados.

Ese es el ejemplo más reciente de los esfuerzos del gobierno de Trump por reescribir la historia de los disturbios, mediante indultos y el despido de los fiscales que enjuiciaron a los participantes del asalto, y de la desconexión de un gobierno que se enorgullece de combatir la delincuencia violenta y de apoyar a las fuerzas del orden, pero que ha ocultado la brutalidad de los ataques del 6 de enero contra policías.

“El gobierno ha ignorado e intentado maquillar los actos de violencia cometidos por los alborotadores el 6 de enero porque eran partidarios del presidente. Intentaban imponerlo para un segundo mandato contra la voluntad de los votantes en 2020”, dijo Michael Romano, quien enjuició a los alborotadores antes de dejar el Departamento de Justicia este año. “Y se siente como que el intento de ignorar eso es puramente transaccional”.

La Casa Blanca remitió los comentarios al Departamento de Justicia, el cual a su vez remitió los comentarios al Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos (FBI, por sus siglas en inglés). El FBI no respondió a un mensaje de correo electrónico enviado por The Associated Press el viernes.

Bongino llegó a sugerir que incidente con bomba casera fue un “ataque interno”

Cuando era presentador de un podcast conservador durante el gobierno de Joe Biden, el actual director del FBI, Kash Patel, calificó a los alborotadores del 6 de enero de “presos políticos” y se ofreció a representarlos gratuitamente. No obstante, el jueves dijo que el arresto del sospechoso de la bomba casera, Brian Cole Jr., de 30 años, cumplía con el compromiso de Trump de “asegurar la capital de nuestra nación”.

“Cuando atacas a los ciudadanos estadounidenses, cuando atacas nuestras instituciones legislativas, cuando atacas la capital de la nación, atacas la esencia misma de nuestro estilo de vida”, declaró Patel. “Y este FBI y este Departamento de Justicia están aquí para decirte que siempre lo combatiremos”.

Dan Bongino, director adjunto de Patel, sugirió antes de unirse al FBI que las fuerzas del orden federales habían perdido el tiempo en investigar a los alborotadores del 6 de enero y a los activistas antiaborto.

“¿Son esas amenazas para Estados Unidos?”, preguntó alguna vez en un podcast. “La abuela está en el gulag por un cargo de allanamiento el 6 de enero”. (En referencia a Rebecca Lavrenz, de más de 70 años, quien participó y fue sentenciada a seis meses de arresto domiciliario, y es apodada “J6 Praying Grandma”, o la “Abuela que reza del 6 de enero”).

Bongino especuló el año pasado que el incidente de la bomba casera fue un “ataque interno” que implicó un “encubrimiento masivo”. Tras unirse al FBI, Bongino describió repetidamente la investigación como una prioridad máxima que recibía recursos y atención importantes.

“Íbamos a rastrear a esta persona hasta el fin del mundo. No había forma de que escapara”, dijo el jueves.

No ha surgido ningún vínculo público entre las bombas caseras y los disturbios, y el arresto de Cole fue un avance considerable en sí mismo, dado que la investigación de casi cinco años había desconcertado a las autoridades, que ahora construyen un semblante de Cole.

Personas familiarizadas con el asunto dijeron a la AP que entre las declaraciones de Cole a los investigadores, se encuentra que creía en teorías de conspiración sobre las elecciones de 2020 —la cual Trump ha insistido que le fue robada en favor del demócrata Biden. Esas personas no estaban autorizadas a hablar públicamente sobre la investigación en curso y la discutieron bajo condición de anonimato.

No hubo fraude generalizado en esas elecciones, como lo han confirmado diversos funcionarios electorales de todo el país, incluido William Barr, ex secretario de Justicia en el primer mandato de Trump. Gobernadores republicanos de estados clave para la victoria de Biden también han avalado la integridad de las elecciones en sus estados. Casi todas las impugnaciones legales de Trump y sus aliados fueron desestimadas por los tribunales.

El gobierno ha minimizado el 6 de enero y sus consecuencias

La retórica de mano dura contra el crimen que se escuchó durante el anuncio del jueves sobre el arresto de Cole contrastó con los reiterados esfuerzos del gobierno republicano por minimizar los actos de violencia del 6 de enero, absolver a los acusados ​​de la insurrección e ir tras aquellos que investigaron y enjuiciaron a los alborotadores.

La medida de clemencia que Trump otorgó en su primer día de regreso en la Casa Blanca en enero se aplicó a las más de 1.500 personas acusadas de participar en el ataque a los cimientos de la democracia estadounidense. Eso incluyó a acusados ​​a quienes se vio en cámara agredir violentamente a la policía con armas improvisadas —como astas de bandera, una muleta y un palo de hockey. Más de 100 policías resultaron heridos, incluidos algunos que describieron haber temido por sus vidas al ser arrastrados hacia la multitud y golpeados.

A principios de este año, el Departamento de Justicia solicitó al FBI los nombres de los agentes que participaron en las investigaciones del 6 de enero, una solicitud que se temía al interior del FBI que era posible precursora de despidos masivos. En agosto, Patel despidió a Brian Driscoll, quien, como director interino del FBI al inicio del segundo mandato de Trump, se resistió a entregar esos nombres.

Por su parte, el gobierno de Trump ha despedido o degradado a numerosos fiscales que trabajaron en los casos del 6 de enero, incluidos a más de dos docenas de abogados que fueron contratados temporalmente para apoyar la investigación y que fueron transferidos a puestos permanentes tras la victoria electoral de Trump en 2024.

En octubre, a dos fiscales federales se les prohibió el acceso a sus dispositivos gubernamentales y se les informó que se les había suspendido de su empleo tras presentar documentos judiciales que describían a quienes atacaron el Capitolio como una “turba de alborotadores”. El Departamento de Justicia, posteriormente, presentó un nuevo expediente judicial en el que eliminó las menciones al motín del 6 de enero.

Un hombre cuyo caso fue desestimado gracias a los indultos de Trump fue acusado de lanzar un artefacto explosivo y un enorme trozo de madera contra un grupo de policías que intentaban defender la entrada al Capitolio. Algunos de ellos declararon posteriormente que “creyeron que iban a morir”, escribieron los fiscales en documentos judiciales, y varios informaron haber sufrido pérdida temporal de audición.