Associated Press

CARACAS (AP) — La Asamblea Nacional de Venezuela, de abrumadora mayoría oficialista, aprobó el martes en una primera discusión un proyecto para derogar la ley que ratificó la adhesión al Estatuto de Roma, el instrumento constitutivo de la Corte Penal Internacional (CPI), que apunta al retiro del país sudamericano de ese tribunal global.

La iniciativa, cuyo contenido se desconoce, entraría en vigor luego de ser revisada y aprobada en una segunda discusión legislativa —en una fecha aún por determinar— y ser promulgada por Maduro y publicada en la Gaceta Oficial.

“Hay una posición sesgada de parte de la Corte Penal Internacional y por eso estamos proponiendo ante esta Asamblea la derogatoria de este instrumento”, dijo el diputado oficialista Roy Daza al presentar el proyecto en el legislativo unicameral.

Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio de 2000 durante el mandato del entonces presidente Hugo Chávez (1999-2013). La CPI ejerce jurisdicción sobre los crímenes cometidos en el territorio de Venezuela o por sus nacionales a partir del 1 de julio de 2002.

La CPI es un tribunal de última instancia que investiga crímenes de guerra, de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.

El Estatuto de Roma establece también los pasos que un Estado miembro debe seguir si desea retirarse de la corte. El Estado parte debe informar al secretario general de las Naciones Unidas y el retiro entra en vigor un año después de la recepción de la notificación. Anunciar la retirada, sin embargo, no libera al país de sus deberes bajo el tratado.

La aprobación del proyecto legislativo se produjo un día después de que el gobierno de Maduro acusó a la Fiscalía de la CPI de “desentenderse” de sus deberes luego de que el fiscal adjunto de La Haya, Mame Mandiaye Niang, anunciara el cierre de su oficina en Caracas.

En 2023 el gobierno de Maduro y la Fiscalía de la CPI acordaron abrir una oficina en Venezuela con el propósito de facilitar la investigación de presuntos crímenes de lesa humanidad que pesa sobre la administración de Maduro por la actuación de la fuerza pública en las protestas de 2017.

El fiscal adjunto de la CPI indicó el lunes que se tomó la decisión de cerrar la oficina por una falta de “progreso real” en la “complementariedad” con el gobierno venezolano. Ese recinto permitía a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pudiese “hacer más para cumplir sus obligaciones” en el marco del Estatuto de Roma.

La Fiscalía de la CPI resaltó que la investigación “permanece activa” y un equipo de esa instancia judicial seguirá trabajando desde La Haya.

El canciller venezolano Yván Gil, en un comunicado divulgado el lunes en su canal de Telegram, denunció que la Fiscalía de la CPI “no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación” y “nunca designó personal para ocupar dichos espacios”.

“Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos”, agregó el escrito.

La CPI tiene una investigación abierta sobre la violencia que siguió a los comicios venezolanos de 2017, pero por ahora no ha emitido ninguna orden de detención.

Khan anunció a fines de 2021 que abriría una investigación tras una prolongada pesquisa preliminar y una solicitud de investigación formal presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.