LIMA (AP) — La Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó el jueves a Perú por la esterilización forzada y muerte de una madre peruana de tres hijas en 1997 durante un programa nacional de planificación familiar promovido por el gobierno del ahora fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000).

El caso es relevante porque se trata de la primera sentencia emitida por la Corte IDH —el más alto tribunal en Derechos Humanos de Latinoamérica— sobre esterilizaciones forzadas en un plan dirigido desde los más altos niveles del Estado contra mujeres pobres, rurales e indígenas.

En un comunicado la Corte IDH, con sede en la capital de Costa Rica, indicó que la víctima se llamaba Celia Ramos, vivía en una aldea de los Andes y tenía 34 años cuando murió en 1997 dejando a tres hijas menores de edad. Ramos llegó a un centro de salud buscando atención médica, pero fue presionada y desinformada por los funcionarios de salud que le ligaron las trompas sin los equipos ni medicamentos adecuados para enfrentar emergencias.

En la operación, Ramos presentó una “reacción alérgica severa” por lo que fue llevada media hora después a una unidad de cuidados intensivos donde murió 19 días después el 22 de julio de 1997. No se le realizó una necropsia y su familia no recibió una información clara sobre sus complicaciones.

Jaime Monzón, esposo de Ramos, denunció al personal médico por lesiones graves seguidas de muerte, pero la fiscalía archivó el caso al considerarlo un hecho fortuito. Como consecuencia de varias denuncias, en 2002 se inició una investigación contra los responsables del programa de esterilizaciones, pero la indagación fue archivada varias veces, por lo que la familia de Ramos llevó el caso a instancias internacionales.

De acuerdo con la Corte, el plan nacional de planificación familiar ejecutó “más de 314.000 esterilizaciones de mujeres y 24.000 de hombres, muchas bajo coacción y sin consentimiento válido, afectando principalmente a mujeres indígenas y en condición de pobreza o pobreza extrema”.

La Corte ordenó que Perú pague una serie de reparaciones a la familia de Ramos, incluido el reembolso de los gastos que la familia realizó en 1997 para intentar salvar la vida de la víctima, así como el pago de los ingresos que Ramos dejó de percibir a lo largo de su vida productiva.

Por otro lado, en agosto de 2024 la justicia peruana anuló una acusación penal contra el entonces expresidente Alberto Fujimori por el caso de las esterilizaciones forzadas, rechazando una apelación de la fiscalía. Fujimori falleció el 11 de setiembre de ese año, a los 86 años, y el caso retrocedió hasta la etapa de denuncia por parte de la fiscalía donde se determinará la responsabilidad de otros altos exfuncionarios.

Por dos décadas las activistas que denuncian las esterilizaciones a la fuerza se han manifestado con las faldas y piernas manchadas con tinta roja. También mostrando dibujos de trompas de falopio ensangrentadas.