Por LINDSAY WHITEHURST y PAUL WISEMAN

WASHINGTON (AP) — Más de una veintena de estados presentaron el jueves una demanda pidiendo la anulación de los nuevos aranceles que impuso el presidente Donald Trump luego que la Corte Suprema declaró ilegales los aranceles anteriores.

Los fiscales generales demócratas que encabezan la demanda sostienen que Trump está excediendo sus atribuciones con aranceles previstos del 15% sobre gran parte del mundo.

Trump ha afirmado que los aranceles son esenciales para reducir los persistentes déficits comerciales de Estados Unidos. Impuso los gravámenes en virtud de la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 después de que la Corte Suprema anuló los aranceles que impuso el año pasado bajo una ley de poderes de emergencia.

La Sección 122, que nunca se ha invocado, permite al presidente imponer aranceles de hasta el 15%, aunque están limitados a cinco meses a menos que el Congreso los prorrogue.

La demanda está encabezada por fiscales generales de Oregon, Arizona, California y Nueva York.

Los estados argumentan que la Sección 122 se puede usar solo en circunstancias específicas y limitadas, y que no le da a Trump autoridad para imponer impuestos generalizados a las importaciones. También sostiene que los aranceles elevarán los costos para los estados, las empresas y los consumidores.

Muchos de esos estados también demandaron con éxito por los aranceles de Trump impuestos bajo una ley distinta: la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés).

Trump invocó la Sección 122 cuatro días después de que la Corte Suprema anulara sus amplios aranceles bajo la IEEPA el 20 de febrero, para imponer aranceles del 10% a los bienes extranjeros. El secretario del Tesoro, Scott Bessant, declaró a CNBC el miércoles que el gobierno elevaría los gravámenes al límite del 15% esta semana.

Los estados demócratas y otros críticos señalan que el presidente no puede usar la Sección 122 como sustituto de los aranceles ya invalidados para combatir el déficit comercial.

La disposición de la Sección 122 permite aranceles para contrarrestar “problemas fundamentales de pagos internacionales”. La cuestión es si esa redacción abarca los déficits comerciales, la brecha entre lo que Estados Unidos vende a otros países y lo que les compra.

La Sección 122 surgió a partir de las crisis financieras de las décadas de 1960 y 1970, cuando el dólar estadounidense estaba vinculado al oro. Otros países se deshacían de dólares a cambio de oro a una tasa fija, lo que ponía en riesgo un colapso de la moneda de Estados Unidos y el caos en los mercados financieros. Pero el dólar ya no está ligado al oro, por lo que los críticos sostienen que la Sección 122 está obsoleta.

Paradójicamente, el propio Departamento de Justicia de Trump argumentó en un escrito judicial el año pasado que el presidente necesitaba invocar la ley de poderes de emergencia porque la Sección 122 “no tenía ninguna aplicación evidente” para combatir los déficits comerciales, que calificó como “conceptualmente distintos” de los problemas de balanza de pagos.

Aun así, algunos analistas jurídicos dicen que el gobierno de Trump tiene un caso más sólido esta vez.

“La realidad jurídica es que es probable que los tribunales otorguen al presidente Trump una deferencia sustancialmente mayor respecto de la Sección 122 de la que le otorgaron a sus aranceles anteriores bajo la IEEPA”, escribió Peter Harrell, investigador visitante del Instituto de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown.

El tribunal especializado de Comercio Internacional en Nueva York, que conocerá la demanda de los estados, escribió el año pasado en su propia decisión —en la que anuló los aranceles por poderes de emergencia— que Trump no los necesitaba porque la Sección 122 estaba disponible para combatir los déficits comerciales.

Las empresas que pagaron aranceles bajo esa ley obtuvieron una victoria judicial el miércoles, cuando un juez determinó que corresponden reembolsos.

Trump sí cuenta con otras facultades legales que puede usar para imponer aranceles, y algunas ya han superado pruebas en los tribunales. Los gravámenes que Trump impuso a las importaciones chinas durante su primer mandato en virtud de la Sección 301 de la misma ley comercial de 1974 siguen vigentes.

También se suman a la demanda los fiscales generales de Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Carolina del Norte, Rhode Island, Vermont, Virginia, Washington y Wisconsin, así como los gobernadores de Kentucky y Pensilvania.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.