Associated Press

BUENOS AIRES (AP) — El Senado argentino debatía el viernes un proyecto del presidente Javier Milei que propone reducir de 16 a 14 años la edad mínima de imputabilidad penal para delitos graves como el homicidio, su medida más defendida en materia de seguridad ante una sociedad conmocionada desde hace unos años por la violencia de los delincuentes juveniles.

La iniciativa, que ya fue aprobada por la Cámara de Diputados el 3 de febrero, establece una pena máxima de hasta 15 años de prisión para quienes cometan asesinatos u otros delitos graves como abuso sexual y secuestro.

Incentivado por su triunfo en las elecciones de medio término de octubre —que le permitió sumar más legisladores en ambas cámaras del Congreso— Milei cree que contará con el apoyo crucial de fuerzas aliadas para sacar adelante el proyecto en la cámara alta.

“Durante más de 40 años la dirigencia política evitó enfrentar esta discusión. Se presentaron más de 37 proyectos de reforma sin que ninguno fuera tratado. Mientras tanto el delito se volvió más violento, más organizado y más precoz”, comentó Milei sobre el proyecto de Régimen Penal Juvenil que pretende reemplazar al de 1980.

Entre sus principales oponentes están el peronismo, la principal fuerza de la oposición, y los partidos de izquierda, que acusan al mandatario de ultraderecha de fomentar el poder punitivo del Estado con legislaciones que no logran la reinserción social de los adolescentes que cometen delitos.

Legisladores peronistas han reconocido que el régimen actual es “vetusto”, pero calificaron la iniciativa oficial como “a la derecha” de la dictadura militar que gobernó entre 1976 y 1983.

El oficialismo, en cambio, sostiene que durante el proceso penal el menor gozará de los derechos y garantías de la Constitución Nacional y tratados internacionales.

“Estamos frente a una jornada histórica, nos proponemos derogar el Régimen Penal de la Minoridad que rige hace 46 años. Vamos a reemplazarlo por uno moderno, integral y especializado. No es sólo una actualización normativa, es saldar una deuda con la sociedad”, dijo el senador de la oficialista La Libertad Avanza, Gonzalo Guzmán Coraita.

El proyecto prevé que, en los casos de delitos que contemplen penas de 3 a 10 años de prisión que no incluyan muerte o lesiones graves físicas o psíquicas sobre las personas, se podría aplicar una serie de castigos antes de llegar a la privación de la libertad, como amonestación; prohibición de contacto o de aproximarse a la víctima; prestación de servicios a la comunidad y monitoreo electrónico.

Contempla también la celeridad procesal, el carácter reservado del proceso, la privación de la libertad solo por causas fundadas y ante la existencia de riesgos procesales, la prohibición de alojamiento junto a personas mayores de edad y la tutela de instituciones especializadas.

Varios casos de asesinatos atribuidos a adolescentes han conmocionado últimamente a la sociedad. En 2024, Bruno Bussanich, empleado en una gasolinera, fue asesinado por un menor de 15 años en una ola de ataques narco en la ciudad de Rosario, en la provincia de Santa Fe.

Jeremías Monzón, de 15 años, fue asesinado de más de 20 puñaladas por tres menores en diciembre en ese mismo distrito.