Associated Press

CIUDAD DE PANAMÁ (AP) — La filial del conglomerado hongkonés CK Hutchison, que perdió la concesión de los dos puertos en las entradas del Canal de Panamá tras un fallo de la justicia, rechazó el viernes lo que consideró una irrupción grave y una toma de documentación de su propiedad durante unos allanamientos.

Panama Ports Company (PPC) indicó en un comunicado que el Estado panameño invadió sin notificación previa oficinas privadas adonde, dijo, almacenaba documentación recopilada en el contexto de procesos judiciales en curso, lo cual “evidencia que el Estado ha socavado el debido proceso”.

El jueves agentes del Ministerio Público, de la Autoridad Marítima de Panamá y de la Dirección de Investigación Judicial allanaron al menos tres oficinas ubicadas en una plaza comercial de la capital y medios locales mostraron vídeos de un vehículo oficial sacando cajas con documentos. Las autoridades judiciales dijeron que la acción formaba parte de una investigación de oficio ante la supuesta existencia de un delito que no precisaron. Tampoco confirmaron de inmediato que las oficinas y la documentación pertenecían a PPC.

Es la más reciente acción desde que la Corte Suprema de Justicia del país centroamericano declaró inconstitucional a fines de enero el contrato de concesión mediante el cual PPC operaba los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico.

Esas terminales quedaron en el centro de las tensiones entre Estados Unidos y China tras la asunción para un segundo mandato del presidente Donald Trump. El mandatario estadounidense cuestionó sin pruebas que los chinos controlaban el canal y amenazó con retomar la operación de la vía interoceánica.

El lunes, luego de que el fallo quedó ejecutado, el gobierno panameño decretó la toma de ambas terminales portuarias con el fin de mantener la operación en esos recintos estratégicos y garantizar las plazas de más de 7.000 trabajadores. También aprobó que dos operadores portuarios europeos reconocidos mundialmente se encarguen temporalmente de su manejo.

PPC consideró ilegal la toma de esos puertos y reiteró que se reservaba el derecho de acudir a instancias internacionales. Previamente, la empresa anunció que había entablado un arbitraje internacional después del fallo de inconstitucionalidad, aunque no mencionó los montos que reclamaría.