Por FATIMA HUSSEIN

WASHINGTON (AP) — Un tribunal federal en Washington, D.C., rechazó el martes una solicitud de un grupo defensor de los derechos de los inmigrantes para impedir temporalmente que las autoridades fiscales compartan ciertos datos de contribuyentes que podrían facilitar la identificación y deportación de personas que se encuentran en Estados Unidos ilegalmente.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones federal para el Circuito del Distrito de Columbia se negó a emitir una orden judicial preliminar para el Centro de Trabajadores Unidos y otras organizaciones sin fines de lucro que demandan al gobierno federal por el acuerdo de intercambio de datos firmado en abril pasado por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

El acuerdo permite que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) presente al Servicio Interno de Impuestos (IRS) nombres y direcciones de inmigrantes que viven en Estados Unidos sin autorización para cotejarlos con registros fiscales.

Al rechazar la solicitud de una orden judicial preliminar, el juez Harry T. Edwards escribió que es “poco probable que” los grupos sin fines de lucro “tengan éxito en el fondo de su aseveración”, ya que la información que las agencias están compartiendo no está cubierta por la ley de privacidad del IRS.

Un representante de Centro de Trabajadores Unidos no respondió de momento a una solicitud de comentarios.

La secretaria de Justicia, Pam Bondi, manifestó en redes sociales que la decisión del tribunal fue una “victoria crucial” para el gobierno federal. “Deportar a extranjeros ilegales hace que el pueblo estadounidense esté más seguro”, escribió.

El gobierno de Estados Unidos ha sostenido que el acuerdo ayuda a ejecutar la agenda del presidente Donald Trump para proteger las fronteras y forma parte de su ofensiva migratoria a nivel nacional, que ha resultado en deportaciones y redadas en lugares de trabajo.

La creación del acuerdo de intercambio de datos fue tan controvertida que el comisionado interino del IRS renunció el año pasado por el acuerdo.

Hace unos días se reveló en documentos judiciales que el IRS había compartido por error la información fiscal de miles de personas con el Departamento de Seguridad Nacional como parte del acuerdo.

Una declaración presentada por la jefa de Riesgo y Control del IRS, Dottie Romo, indicó que el IRS sólo pudo cotejar aproximadamente 47.000 de los 1,28 millones de nombres que solicitó el ICE. En menos del 5% de esas personas, el IRS proporcionó al ICE información adicional de direcciones, lo que potencialmente violó normas de privacidad creadas para proteger los datos de los contribuyentes.

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La periodista de The Associated Press Alanna Durkin Richer contribuyó a este despacho.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.