Associated Press

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, dijo el martes que los primeros indicios indican que los 10 trabajadores de la mina canadiense secuestrados a finales de enero en el sur de Sinaloa, al noroeste del país, fueron capturados por miembros de una facción del Cartel de Sinaloa que los confundió con integrantes de un grupo antagónico.

El funcionario indicó que la investigación continúa pero que eso es lo que declararon los primeros cuatro detenidos por el caso. También aseguró no tener registro de que miembros de la compañía minera Vizsla, con sede en Vancouver, hubiera sido extorsionados o “molestados por algún grupo delincuencial”.

La fiscalía federal confirmó el lunes que cinco de los trabajadores de esta compañía que explota una mina de plata y oro en la sierra de Concordia fueron identificados entre los diez cadáveres encontrados en una comunidad cercana, mientras que otros cinco cuerpos hallados en el mismo lugar siguen sin identificar.

Los comentarios de García Harfuch son los primeros que aluden a un posible móvil del ataque aunque no explicó cómo los agresores pudieron creer que las víctimas eran miembros de otro grupo criminal si fueron sacados de las propias instalaciones de la mina, según había informado Vizsla.

“Conforme vayamos teniendo más detenidos, pues vamos a tener también más información”, indicó el funcionario.

La violencia en el estado se agudizó hace casi año y medio cuando comenzó una guerra entre dos facciones del Cártel de Sinaloa, lo que hizo aumentar no solo los muertos, sino los desaparecidos en el estado.

Según García Harfuch, las personas arrestadas pertenecían a “Los Chapitos”, el grupo afín a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, actualmente sentenciado en Estados Unidos, donde son procesados dos de sus vástagos: Ovidio Guzmán y Joaquín Guzmán López.

La detención de este último en julio de 2024 junto a uno de los fundadores del cártel, Ismael “El Mayo” Zambada, quien dijo haber sido secuestrado por Guzmán López y llevado a la fuerza a Estados Unidos, fue el desencadenante de la lucha actual.

El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum asegura que gracias al “reforzamiento” de la estrategia de seguridad federal se ha reducido el número de homicidios, pero la violencia continúa en muchos puntos del país, entre ellos Sinaloa.