Por ASTRID SUÁREZ

BOGOTÁ (AP) — La extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no entregó todo el oro, dinero y bienes que prometió cuando firmó la paz en 2016, lo que dejaría en riesgo la reparación a las víctimas, advirtió el martes la Contraloría colombiana.

“Los bienes entregados por las FARC al Estado colombiano difieren sustancialmente de los compromisos del acuerdo, lo que compromete la eficacia del principio de verdad, justicia y reparación”, señaló en un comunicado la Contraloría, una entidad estatal encargada de vigilar los recursos públicos.

Detalló que la antigua guerrilla entregó 2.540 gramos de joyas de oro de los 25.000 gramos que reportó tener, un solo inmueble de los 722 reportados y sumó un faltante en dinero en efectivo de aproximadamente 2,7 millones de dólares.

Las FARC, que fueran la guerrilla más antigua de Latinoamérica, entregaron las armas hace una década al lograr un histórico acuerdo de paz con el Estado. A cambio de beneficios judiciales acordaron reparar a las víctimas del conflicto armado de cinco décadas.

Según el acuerdo de paz, los bienes y activos que reportase la entonces guerrilla servirían para reparar a las víctimas. En la práctica los bienes recibidos de las FARC fueron administrados por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) y luego dispuestos para la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.

José Lisandro Lascarro, excomandante de las FARC conocido por el alias de “Pastor Alape”, dijo a The Associated Press que a su juicio cumplieron con la entrega de bienes y activos en un proceso que fue verificado por las Naciones Unidas y que culminó en 2023, aunque reconoció que faltaron bienes por entregar debido a problemas de seguridad y logística.

“Nosotros entregamos todos los bienes que estuvieron en nuestras condiciones de hacerlo, porque después entraron los otros actores (armados) al territorio y no pudimos sacarlos”, indicó Lascarro en referencia a grupos ilegales, incluidas disidencias de las FARC, que paulatinamente cooptaron el territorio que antes dominaba la guerrilla.

Los riesgos de seguridad también habrían impedido, según Lascarro, que entregaran más dinero en efectivo, dado que debían ir a sitios selváticos remotos para buscar caletas enterradas. Mientras que la mayoría de los inmuebles estaban en zonas remotas y no tenían títulos de propiedad, por lo que no fueron admitidos por el Estado. “Es una insurgencia armada que no tiene posesiones legales”, recalcó Lascarro.

La AP consultó, sin obtener respuesta inmediata, a la SAE y a la Unidad de Víctimas para conocer cuál fue la disposición dada a los bienes y activos entregados por la guerrilla y qué ocurrió con los faltantes.

Históricas sentencias desfinanciadas

La Contraloría también refirió que no hay suficiente dinero para que se cumplan las dos primeras sentencias que impuso la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el tribunal especial creado para juzgar los crímenes cometidos en el conflicto armado.

Se trata de sanciones que no incluyen cárcel sino proyectos de memoria y de infraestructura para reparar a las víctimas, luego de confesar crímenes de lesa humanidad y de guerra. El año pasado, la JEP emitió sentencias contra la antigua cúpula de las FARC por miles de secuestros y contra exmilitares por ejecuciones extrajudiciales.

La Contraloría advirtió que la reparación a las víctimas en las sentencias está “desfinanciada en un 83,6%” para 2026.

Se trata de una preocupación que la JEP ya había manifestado el año pasado al pedir al gobierno central que garantice el dinero para cumplir con los proyectos.