Por BILL BARROW

ATLANTA (AP) — Donald Trump no sería el primer presidente de Estados Unidos en invocar la Ley de Insurrección, según ha amenazado, para enviar fuerzas militares federales a Minnesota.

Pero sí sería el único comandante en jefe de las fuerzas armadas en usar esta ley del siglo XIX para mandar soldados y sofocar las protestas, las cuales comenzaron debido a acciones de los agentes federales que el mandatario ya había enviado a la zona, uno de los cuales baleó y mató a una ciudadana estadounidense.

La ley, que le permite al presidente en funciones utilizar a las fuerzas armadas en el interior del país, se ha invocado en más de una veintena de ocasiones, pero rara vez desde el movimiento por los derechos civiles del siglo XX.

Las fuerzas federales suelen ser convocadas para sofocar la violencia generalizada que estalla a nivel local, antes de que Washington intervenga y cuando las autoridades locales solicitan ayuda. Cuando los presidentes actuaron sin una solicitud local, generalmente fue para hacer cumplir los derechos de personas amenazadas o que no eran protegidas por los gobiernos estatales y locales. Un tercer escenario es una insurrección abierta, como la de la Confederación durante la guerra de Secesión.

Expertos en derecho constitucional y militar dicen que nada de esto tiene que ver con lo que está pasando en Minneapolis.

“Esto constituiría un abuso flagrante de la Ley de Insurrección como nunca hemos visto antes”, apuntó Joseph Nunn, abogado del Programa de Libertad y Seguridad Nacional del Brennan Center for Justice, una organización sin fines de lucro de la facultad de derecho de la Universidad de Nueva York. “No se ha cumplido ninguno de los criterios”.

A continuación se presenta un análisis de la ley, cómo se ha utilizado y comparaciones con la situación en Minneapolis.

La ley se concibió originalmente como una forma para proteger a la joven república

George Washington promulgó la primera versión en 1792, la cual lo autorizó a movilizar milicias estatales —precursoras de la Guardia Nacional— cuando “las leyes de Estados Unidos sufran oposición o se obstruya su ejecución”.

Él y John Adams la utilizaron para sofocar las revueltas ciudadanas contra los impuestos, incluidos los gravámenes sobre las bebidas alcohólicas y los impuestos a la propiedad, que se consideraron esenciales para la supervivencia de la joven república.

El Congreso amplió la ley en 1807 y reafirmó la autoridad presidencial para contrarrestar la “insurrección u obstrucción” de las leyes. Nunn explicó que los primeros estatutos reconocían una fundamental “tradición angloamericana contra la intervención militar en asuntos civiles”, excepto “como una herramienta de último recurso”.

Trump insiste en que las circunstancias exigen el último recurso

El presidente argumenta que funcionarios y ciudadanos de Minnesota obstaculizan la aplicación de la ley federal al protestar contra sus planes y la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). No obstante, los primeros estatutos también definieron que disturbios “demasiado fuertes para ser reprimidos por el curso ordinario” de las fuerzas del orden eran circunstancias que justificaban el uso de la ley.

Hay entre 2.000 y 3.000 miembros de las autoridades federales en el área metropolitana de Minneapolis y Saint Paul, en comparación con Minneapolis, que tiene menos de 600 agentes de policía. Por otra parte, los videos de manifestantes y transeúntes han mostrado violencia iniciada por agentes federales, y las interacciones se han vuelto más frecuentes desde que Renee Good recibió tres disparos y murió.

“El ICE tiene la autoridad legal para hacer cumplir las leyes federales de inmigración”, explicó Nunn. “Pero lo que están haciendo es una especie de comportamiento violento e ilegal” que va más allá de su función legal y “fomenta la situación” que Trump quiere reprimir.

“No pueden crear una crisis intencionalmente, y luego dar un giro para reprimir”, refirió, y agregó que el requisito constitucional de que un presidente “cumpla fielmente las leyes” significa que Trump debe ejercer su poder, en materia de inmigración y de la Ley de Insurrección, “de buena fe”.

Los cambios de la época de la guerra de Secesión fueron para favorecer los intereses de la Unión y la protección de los derechos civiles

Los tribunales han bloqueado algunos de los empeños de Trump para desplegar a la Guardia Nacional, pero él alegaría con la Ley de Insurrección que no necesita el permiso de un estado para enviar efectivos.

Esto se remonta al presidente Abraham Lincoln, quien sostuvo en 1861 que los estados del sur no podían separarse legítimamente. Por lo tanto, convenció al Congreso para que le otorgara la facultad expresa de desplegar soldados federales, sin preguntar, en los estados confederados que, según él, aún formaban parte de la Unión. Literalmente, Lincoln utilizó la ley como base legal de lucha en la guerra de Secesión.

Nunn indicó que situaciones más allá de una insurrección tan clara como la de la Confederación aún requieren una solicitud local o de otro detonante que el Congreso añadió después de la guerra civil: la protección de los derechos individuales. Ulysses S. Grant utilizó esa disposición con el fin de enviar soldados para contrarrestar al Ku Klux Klan y a otros supremacistas blancos que ignoraron las enmiendas 14 y 15 de la Constitución, así como las leyes de derechos civiles.

Los trabajadores e inmigrantes estuvieron en el centro de algunos despliegues

Durante la industrialización de la posguerra, la violencia estalló en torno a las huelgas y la expansión de la inmigración, y los gobernadores intentaron obtener ayuda.

El presidente Rutherford B. Hayes accedió a las solicitudes estatales durante la gran huelga ferroviaria de 1877, tras enfrentamientos entre trabajadores en huelga, fuerzas estatales y policías locales, los cuales dejaron decenas de muertos. Grover Cleveland accedió a la solicitud de un gobernador del estado de Washington para ayudar a proteger a los ciudadanos chinos que eran atacados por alborotadores blancos. El presidente Woodrow Wilson envió soldados a Colorado en 1914 en medio de una huelga en minas de carbón tras la muerte de varios trabajadores.

Los efectivos federales ayudaron a apaciguar ambas situaciones.

Para abordar los derechos civiles en el siglo XX se recurrió a la estrategia de la Reconstrucción

Al igual que Grant, los presidentes de mediados del siglo XX utilizaron la ley para contrarrestar a los supremacistas blancos.

Franklin Roosevelt envió 6.000 soldados a Detroit —más del doble de las fuerzas federales que están en Minneapolis— tras los disturbios raciales que comenzaron con ataques de blancos contra residentes negros. Las autoridades estatales solicitaron la ayuda de Roosevelt tras la agudización de los disturbios, en parte, explicó Nunn, porque las fuerzas policiales locales blancas se sumaron a la violencia contra los residentes negros. Los soldados federales calmaron la ciudad tras decenas de muertes, incluidos 17 residentes negros asesinados por la policía local.

Una vez que comenzó el movimiento por los derechos civiles, los presidentes enviaron autoridades a los estados del sur sin solicitud ni permiso, porque las autoridades locales desafiaban la ley estadounidense de derechos civiles y ellas mismas fomentaban la violencia.

Dwight Eisenhower impuso la integración en la escuela secundaria Central de Little Rock, Arkansas. John F. Kennedy envió soldados a la Universidad de Mississippi tras los disturbios por la admisión de James Meredith y, posteriormente, de manera preventiva para asegurar la ausencia de violencia ante el incidente conocido como el “Bloqueo a las puertas de la escuela” por parte de George Wallace, en su protesta contra la integración de la Universidad de Alabama.

“Podría haber habido una pérdida significativa de vidas a causa de los alborotadores” en Mississippi, señaló Nunn.

Lyndon Johnson protegió la marcha por el derecho al voto de 1965, desde Selma hasta Montgomery, después de que efectivos de Wallace atacaran a los manifestantes en su primer intento pacífico.

Disturbios en ciudades y el último caso en 1992

Johnson también envió soldados a varias ciudades de Estados Unidos en 1967 y 1968 tras la agudización de los enfrentamientos entre residentes y la policía. Lo mismo ocurrió en Los Ángeles en 1992, la última vez que se invocó la Ley de Insurrección.

Los disturbios estallaron después de que un jurado no lograra declarar culpables a cuatro policías blancos por uso excesivo de la fuerza, a pesar de un video en el que se les veía golpear a Rodney King, un hombre negro. Pete Wilson, gobernador de California, solicitó apoyo al presidente George H.W. Bush.

Bush autorizó el envío de unos 4.000 soldados, pero después de haber expresado públicamente su descontento con el veredicto del juicio. Prometió “restablecer el orden”, pero le ordenó al Departamento de Justicia que abriera una investigación por posible violación de derechos civiles, y posteriormente dos de los agentes de Los Ángeles fueron declarados culpables en un tribunal federal.