Por ASTRID SUÁREZ

BOGOTÁ (AP) — En el Catatumbo colombiano, una región estratégica por su cercanía con Venezuela, la violencia no ha cesado tras un año de la incursión armada de ilegales que dejó decenas de muertos y miles de desplazados, advirtió el viernes la estatal Defensoría del Pueblo.

“Vemos la grave afectación, el desplazamiento que continúa y que en las últimas semanas excede cientos de núcleos familiares que han tenido que salir de sus veredas”, dijo la titular de la Defensoría del Pueblo, Irís Marín, durante la presentación de un informe de la entidad sobre el impacto de la violencia en la población del Catatumbo.

La Defensoría del Pueblo advierte en su informe “Catatumbo: persistencia de la guerra y anhelos de paz” que en ese lugar se han cometido “crímenes de guerra y lesa humanidad” durante un “ataque masivo y sistemático” a la población civil, que quedó en medio del fuego cruzado.

“Los hechos narrados por la gente son crímenes internacionales. Lo han sido durante este año y siguen siendo, mientras que los grupos lo sigan cometiendo”, afirmó Marín.

La funcionaria aseguró que la población civil ha contado cómo vive en zozobra por el ruido permanente de drones sobre las casas, con miedo a que los grupos armados ilegales que los manejan lancen explosivos. También la restricción de movilidad en vías que conectan municipios del Catatumbo por la amenaza de los armados.

El 16 de enero de 2024 se agudizó en el Catatumbo la violencia por la incursión del Ejército de Liberación Nacional en contra de un bando enemigo de las disidencias de la antigua guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que no se acogieron a un proceso de paz firmado con el Estado en 2016.

Durante años, los narcotraficantes y grupos rebeldes han luchado por el control de la región del Catatumbo, una de las principales áreas productoras de coca de Colombia.

Para marzo, las autoridades contaban más de 96 muertos, incluyendo seis firmantes de paz de las extintas FARC, cuatro menores de edad y tres líderes sociales; así como el desplazamiento de más de 56.000 personas, el mayor registrado en un mismo evento en los últimos años.

Con el pasar de los meses y de la violencia persistente, las cifras aumentaron hasta llegar en diciembre a 163 homicidios, según la Gobernación de Norte de Santander, donde se ubica Catatumbo, y más de 100.000 desplazados, de acuerdo con la Unidad para las Víctimas.

La ola de violencia desbordó las capacidades estatales y el gobierno declaró el “estado de conmoción interior” para tomar medidas expeditas tanto en despliegue de la fuerza pública como en movilización de recursos.

El informe resalta que en Catatumbo se ha violado el Derecho Internacional Humanitario, dado que la entidad recibió relatos de la población civil en los que “los bombardeos, el uso de drones, ametrallamientos y morteros por vías aéreas afectaron viviendas y parcelas de los habitantes de la región”.

Ante la ola de violencia, el gobierno suspendió indefinidamente la mesa de negociación de paz con el ELN, en armas desde 1964. El presidente Gustavo Petro, primero de tendencia izquierdista en el país, acusó a la guerrilla de cometer crímenes de guerra y cuestionó su voluntad de paz.

“Hemos pedido tanto al Frente 33 (de las disidencias FARC) como al ELN que abran un espacio humanitario y se comprometan seriamente con el respeto a la población civil y con el respeto al DIH (Derecho Internacional Humanitario)”, afirmó Marín. “Confiamos en que de alguna manera puedan entender que esta guerra es de ellos. Esta guerra no es de la gente”.