Por MORIAH BALINGIT

WASHINGTON (AP) — Los fiscales generales de cinco estados con gobiernos demócratas presentaron una demanda el jueves contra la administración del presidente Donald Trump después de que ésta anunciara que congelaría fondos para varios programas de asistencia pública con el argumento de que tenía preocupaciones sobre fraude en dichos programas.

Los estados —California, Colorado, Minnesota, Illinois y Nueva York— calificaron la medida como un abuso inconstitucional de poder. El gobierno de Trump anunció a principios de esta semana que retendría los fondos de seguridad social. Los fondos estaban destinados a tres programas federales, dos de los cuales se centran en sacar a las familias de la pobreza.

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, quien lidera la demanda, afirmó que el gobierno de Trump está excediendo su autoridad al congelar miles de millones de dólares en fondos que ya habían sido aprobados para los estados por el Congreso.

La demanda presentada en la corte federal para el Distrito Sur de Nueva York solicita a los tribunales que ordenen a la administración federal iberar los fondos.

“Una vez más, las familias más vulnerables de nuestras comunidades cargan con la peor parte de la campaña de caos y represalias de esta administración”, expresó James.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés) informó esta semana a los cinco estados que congelaría el financiamiento para el Fondo de Cuidado y Desarrollo Infantil, que subsidia guarderías para niños de familias de bajos ingresos; el programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas, que proporciona asistencia en efectivo y capacitación laboral; y la Subvención en Bloque de Servicios Sociales.

Los funcionarios de HHS no respondieron de momento a una solicitud de comentarios sobre la demanda.

Aproximadamente la mitad de los 10.000 millones de dólares en fondos retenidos por el gobierno de Trump apoyaban programas en California, dijo el fiscal general del estado, Rob Bonta.

En cartas dirigidas a los estados, Alex J. Adams, subsecretario para la Administración para Niños y Familias, escribió que el HHS tenía “razones para creer” que los estados estaban proporcionando beneficios a personas que estaban en Estados Unidos ilegalmente, sin ofrecer más detalles sobre las acusaciones. Solicitaron grandes cantidades de datos, incluidos los nombres y números de Seguro Social de todos los que habían recibido algunas de las prestaciones.

“Las cartas solicitaban que California entregara esencialmente cada documento asociado con la implementación estatal de estos programas federales y lo hiciera en un plazo de 14 días, para el 20 de enero, incluyendo información personal identificable sobre los participantes del programa”, indicó Bonta. “Eso es profundamente preocupante y también profundamente frustrante”.

El gobierno intensificó su enfoque en el programa de subsidios para el cuidado infantil después de que un YouTuber conservador publicara un video en el que afirmó que guarderías infantiles en Minneapolis habían cometido fraude por hasta 100 millones de dólares. Las guarderías eran administradas por miembros de la comunidad somalí de la ciudad, que ha sido difamada frecuentemente por Trump y también blanco de las autoridades de inmigración.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, un demócrata, ha defendido la respuesta de su estado y dijo que su estado está tomando medidas agresivas para prevenir más fraudes.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.