Por SAFIYAH RIDDLE

MONTGOMERY, Alabama, EE.UU. (AP) — Un grupo de estudiantes y profesores de universidades públicas en Alabama solicitó a un tribunal de apelaciones que detenga una ley estatal que prohíbe las iniciativas de diversidad, equidad e inclusión en las escuelas públicas y prohíbe el respaldo de lo que los legisladores republicanos denominaron “conceptos divisivos” relacionados con la raza y el género.

La medida de Alabama, que entró en vigor en octubre de 2024, es parte de una ola de propuestas de legisladores republicanos en todo el país que apuntan a los programas de inclusión en los campus universitarios.

La ley estatal prohíbe a las escuelas y universidades públicas usar fondos del gobierno para cualquier programa o currículo que respalde “conceptos divisivos” relacionados con la raza, la religión, la identidad de género y la religión. También se prohíbe a los instructores “alentar” a una persona a sentir culpa debido a esas identidades.

El juez federal de distrito, David Proctor, permitió que la ley permaneciera en vigor, escribiendo que la libertad académica de un profesor no anula las decisiones de una universidad pública sobre el contenido de la instrucción en el aula.

La ley “no anula toda enseñanza o discusión de estos conceptos del campus o, en ese caso, incluso del aula”, escribió Proctor. “Por el contrario, permite expresamente la instrucción en el aula que incluya ‘discusión’ de los conceptos enumerados siempre que la ‘instrucción se dé de manera objetiva sin respaldo’ de los conceptos”.

La apelación llega a raíz de un mandato del Departamento de Justicia en julio que describe cambios similares requeridos en los campus de escuelas públicas en todo el país. En 2025, los grupos de afinidad estudiantil han cerrado sus puertas, los profesores han sido puestos en licencia, las publicaciones estudiantiles negras han cerrado y los currículos han cambiado.

Antonio Ingram, abogado del Fondo de Defensa Legal que está con los demandantes, dijo en una entrevista que la ley no define claramente qué implica el respaldo, lo que hace que los profesores sean vulnerables a investigaciones frívolas y limita su capacidad para presentar investigaciones verificadas.

“La verdad se convierte en lo que el estado dice frente a lo que los investigadores independientes y teóricos y académicos han pasado décadas elaborando”, dijo Ingram.

Si se permite que se mantenga, dijo Ingram, la ley convierte a “las universidades en portavoces del estado que podrían ser utilizadas para propaganda, que podrían ser utilizadas para cosas que no son precisas ni empíricamente fundamentadas”.

Dana Patton, una demandante que enseña ciencias políticas en la Universidad de Alabama, en Tuscaloosa, dijo en una entrevista que la ley estatal la llevó a cambiar el currículo que ha enseñado durante décadas.

“Nos sentimos muy limitados por la vaguedad de la ley”, dijo Patton, ya que algunos estudiantes podrían malinterpretar una lección como respaldo de un cierto punto de vista.

El año pasado, cinco estudiantes se quejaron de que el currículo de Patton para el programa de honores interdisciplinario que administra está en conflicto con la ley. Patton insiste en que siempre ha tomado medidas para asegurar que se representen una amplia gama de puntos de vista, pero eso no ha calmado sus temores. Desde entonces, ha eliminado algunos materiales de su programa de estudios.

“Es simplemente más seguro no enseñar ciertas cosas y evitar posibles repercusiones o quejas”, dijo Patton.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.