Por ALANNA DURKIN RICHER y MICHAEL KUNZELMAN

ALEXANDRIA, Virginia, EE.UU. (AP) — Un jurado investigador rechazó por segunda ocasión el jueves presentar cargos contra la fiscal general de Nueva York, Letitia James, negándose a reactivar una acusación de fraude hipotecario promovida por el presidente Donald Trump, según una persona al tanto del asunto.

Se trata de un nuevo golpe para el Departamento de Justicia tras la desestimación de cargos anteriores contra James y otro antiguo adversario de Trump, el exdirector del FBI James Comey, en un sorprendente rechazo a los empeños del gobierno de Trump por procesar a oponentes políticos del mandatario.

Un juez desestimó la acusación original contra James y Comey en noviembre, dictaminando que la fiscal que presentó el caso al jurado investigador, Lindsey Halligan, fue nombrada ilegalmente como fiscal federal para el Distrito Este de Virginia.

El Departamento de Justicia solicitó a un jurado investigador en Alexandria, Virginia, que emitiera una acusación el jueves después de que otro jurado investigador en Norfolk se negó a hacerlo la semana pasada. La persona que confirmó el fracaso para asegurar una acusación formal carece de autorización para declarar públicamente sobre el asunto y habló a condición de guardar el anonimato.

Las acusaciones estaban relacionadas con la compra de una modesta residencia por parte de James en Norfolk, donde tiene familiares.

James dice que el caso tiene motivaciones políticas y ha negado haber cometido cualquier irregularidad.

James, una demócrata que enfureció a Trump después de su primer mandato al presentar una demanda asegurando que el entonces exmandatario construyó su imperio empresarial sobre mentiras acerca de su riqueza, fue acusada en un principio de fraude bancario y de hacer declaraciones falsas a una institución financiera en relación con la compra de una vivienda en 2020.

Durante la venta, firmó un documento estándar llamado “anexo de segunda residencia” en el que acordó mantener la propiedad principalmente para su “uso y disfrute personal durante al menos un año”, a menos que el prestamista acordara lo contrario. En lugar de usar la casa como una segunda residencia, los fiscales afirman que James la alquiló a una familia de tres, lo que le permitió obtener condiciones favorables de crédito que no están disponibles para propiedades de inversión.

Los casos contra James y una acusación separada contra Comey han intensificado las preocupaciones de que el gobierno federal esté utilizando sus facultades de aplicación de la ley para perseguir a los enemigos del presidente.

Ambos casos fueron presentados poco después del nombramiento como fiscal federal de Halligan, una exabogada de Trump sin experiencia previa en el cargo, en medio de los llamados públicos del presidente para tomar medidas contra sus oponentes políticos.

Pero el juez federal Cameron McGowan Currie desestimó los casos el mes pasado debido al inusual mecanismo que empleó el gobierno para nombrar a Halligan. El juez desestimó el caso sin prejuicio, permitiendo que el Departamento de Justicia tratara de presentar nuevamente los cargos.

Halligan fue designada como reemplazo de Erik Siebert, un experimentado fiscal que renunció en septiembre en medio de la presión del gobierno federal para presentar cargos contra Comey y James. Dejó el puesto después de que Trump declaró a la prensa que quería a Siebert “fuera”.

Los abogados de James argumentaron por separado que el caso era una acusación vengativa presentada para castigar a una fiscal general estatal que pasó años investigando e interponiendo demandas contra el republicano, y que incluso ganó un juicio en una demanda que afirmaba que defraudó a las instituciones bancarias al inflar el valor de sus propiedades inmobiliarias en declaraciones financieras. Un tribunal superior anuló posteriormente la multa, pero ambas partes se encuentran apelando el fallo.

Después de que el jurado investigador de Norfolk rechazó una nueva acusación la semana pasada, el abogado de James dijo: “Este debería ser el fin del caso”.

“Si continúan, sin inmutarse por un fallo judicial y el rechazo de cargos por parte de un jurado investigador, será un impactante ataque contra el estado de derecho y un golpe devastador a la integridad de nuestro sistema de justicia”, subrayó el abogado defensor Abbe Lowell en ese momento.

Por separado, Comey fue acusado de mentir al Congreso en 2020. Una jueza federal ha complicado los esfuerzos del Departamento de Justicia para buscar una nueva acusación contra Comey, prohibiendo temporalmente que los fiscales tengan acceso a los documentos informáticos de Daniel Richman, un amigo cercano de Comey y profesor de derecho en la Universidad de Columbia a quien los fiscales consideran como una figura central en cualquier posible caso contra el exdirector del FBI.

La fiscalía tomó medidas el martes para anular esa orden, calificando la solicitud de Richman para la devolución de sus archivos como una ” herramienta estratégica para obstruir la investigación y posible enjuiciamiento”. Dijeron que la jueza había excedido sus autoridad al ordenar la devolución de la propiedad de Richman y que el fallo había impedido su capacidad para proceder con un caso contra Comey.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.