Associated Press

QUITO (AP) — El Ministerio Público ecuatoriano pidió el lunes casi 35 años de prisión para un grupo de militares acusados de la desaparición forzada y muerte de cuatro menores de edad en la ciudad portuaria de Guayaquil.

En una audiencia de alegatos finales, el fiscal Christian Fárez exigió que en la sentencia se considere como agravantes el maltrato, la violencia y la tortura que sufrieron las víctimas, de acuerdo con las pruebas presentadas durante el juicio. Además, exigió que los acusados paguen multas económicas simbólicas que suman unos 10.000 dólares y cumplan con una capacitación en derechos humanos.

El Tribunal no tiene un plazo para dar a conocer la sentencia, aunque el proceso se encuentra en su fase final.

El caso, conocido como “Las Malvinas” en alusión a la zona donde vivían las víctimas, inició en diciembre del año pasado cuando los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años; sus amigos Saúl Arboleda, de 14, y Steven Medina, de 11, salieron a jugar al fútbol en un barrio del sur de Guayaquil, pero no regresaron a casa.

De acuerdo con vídeos de cámaras de seguridad, dos patrullas militares de la Fuerza Aérea interceptaron a los menores y los subieron a la fuerza a dos camionetas. Los uniformados argumentaron que habían recibido una alerta por robo en el sector, pero la Fiscalía ha negado que los menores hayan estado involucrados.

El Ministerio Público presentó testigos y pruebas que incriminaron a los uniformados, mientras que los 17 militares ofrecieron versiones contradictorias, unos negaron que los menores hayan sido agredidos y otros detallaron pormenores de actos de violencia.

La captura de las víctimas ocurrió cuando regía en Ecuador un estado de conflicto armado interno decretado por el gobierno del presidente Daniel Noboa —aún vigente— que permite la movilización de policías y militares en operativos para combatir al crimen organizado.

Los militares acusados han argumentado que los menores fueron abandonados horas más tarde del apresamiento en una zona rural de difícil acceso. Luego de 23 días desaparecidos , los restos calcinados de los menores fueron hallados cerca de una base militar en las afueras de Guayaquil. Los uniformados aseguran que los liberaron vivos.

En las audiencias del juicio la Fiscalía reveló, en base a peritajes y detalles entregados por unos 100 testigos, que los menores sufrieron golpes en la cabeza, patadas, insultos y malos tratos.

El caso puso a Ecuador en el foco de organismos internacionales como el Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas que expresó su preocupación por la falta de información.