Associated Press

BOGOTÁ (AP) — El gobierno colombiano y el Clan del Golfo, el mayor cártel activo del país, acordaron el viernes establecer zonas especiales para ubicar a los integrantes de ese grupo ilegal en el marco de las negociaciones que buscan su desmovilización.

El acuerdo fue firmado y anunciado en Doha, Qatar, donde los voceros de las partes se reunieron por segunda vez para continuar la negociación que se instaló formalmente en septiembre pasado.

El documento, divulgado por el gobierno, indica que serán tres las zonas especiales de ubicación en Belén de Bajirá, Unguía y Tierralta, municipios de alta influencia del Clan del Golfo que se ubican en los departamentos de Chocó, en el este, y Córdoba, en el norte del país.

Las zonas especiales de ubicación son una figura que está siendo usada por el gobierno para que se asienten miembros de grupos ilegales temporalmente cuando participan en procesos de tránsito a la legalidad, donde queda suspendida la ejecución de las órdenes de captura contra ellos.

El acuerdo con el Clan del Golfo especifica que también serán suspendidas las órdenes de captura con fines de extradición. Detalla que se ubicarán integrantes a partir de marzo de 2026 de manera progresiva, sin especificar el número.

El Clan del Golfo tiene presencia en cerca de un tercio del país, según la estatal Defensoría del Pueblo, y aproximadamente 9.000 integrantes, configurándose en la estructura ilegal más numerosa en la actualidad.

El documento divulgado dice que se comprometen a definir los protocolos de funcionamiento de las zonas de ubicación, así como su seguridad, logística y el material de guerra. No menciona si los miembros del Clan del Golfo conservarán las armas dentro de la zona especial.

La verificación de los compromisos alcanzados la hará la Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de Estados Americanos (MAPP-OEA).

“Colombia da hoy un paso importante para la paz. Saludamos los nuevos acuerdos alcanzados”, indicó la MAPP-OEA en la red social X.

La negociación “sociojurídica”, como se denomina por las partes, cuenta con el apoyo de países mediadores como Qatar, España, Noruega y Suiza.