Associated Press

CARACAS (AP) — El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó el lunes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) de “desentenderse” de sus deberes, luego que el fiscal adjunto de La Haya, Mame Mandiaye Niang, anunciara el cierre de su oficina en Caracas.

En 2023, el gobierno de Venezuela y la Fiscalía de la CPI acordaron abrir una oficina en el país sudamericano con el propósito de facilitar la investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad que pesa sobre la administración de Nicolás Maduro por la actuación de la fuerza pública en las protestas de 2017.

El fiscal adjunto de la CPI indicó el lunes que se tomó la decisión de cerrar la oficina por una falta de “progreso real” en la “complementariedad” con el gobierno venezolano. Ese recinto permitía a la organización trabajar de manera más cercana con las autoridades del país, de modo que Venezuela pueda “hacer más para cumplir sus obligaciones” en el marco del Estatuto de Roma.

La CPI es un tribunal de última instancia que investiga presuntos crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y otros delitos graves cuando las naciones no pueden o no quieren hacerlo, un sistema conocido como complementariedad.

La Fiscalía de la CPI resaltó que la investigación “permanece activa” y un equipo de esa instancia judicial seguirá trabajando desde La Haya.

El canciller venezolano Yván Gil, en un comunicado divulgado en la noche del lunes en su canal de Telegram, denunció que la Fiscalía de la CPI “no mostró el más mínimo compromiso ni espíritu de cooperación…la Fiscalía nunca designó personal para ocupar dichos espacios”.

“Tampoco formuló sus aportes y recomendaciones a las diversas iniciativas de Venezuela, desentendiéndose irresponsablemente de las responsabilidades previamente asumidas. Su agenda en el país fue muy clara: desentenderse y no hacer nada para luego instrumentalizar la justicia con fines políticos”, agregó el escrito.

El entonces fiscal de La Haya, Karim Khan, firmó en el 2023 un memorando de entendimiento con Maduro en donde también se contemplaba ofrecer asistencia técnica y asesoría en las reformas judiciales que las autoridades del país tienen en agenda “para garantizar que haya más justicia, más responsabilidad y una paz sostenible”.

La CPI tiene una investigación abierta sobre la violencia que siguió a los comicios venezolanos de 2017, pero por ahora no ha emitido ninguna orden de detención.

Khan anunció a finales de 2021 que abriría una investigación tras una prolongada pesquisa preliminar y una solicitud de investigación formal presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú.