Desde el 2020, se ha disparado un 357 por ciento la legislación antiinmigración, y buena parte de estas propuestas se vieron en las más recientes sesiones legislativas: 132 propuestas en 2023 y 233 en 2024.

Este país lleva bastante tiempo reconociendo que la regulación de la inmigración es una competencia exclusiva del gobierno federal, y la Corte Suprema de los Estados Unidos lo ha ratificado y dictaminado de forma sistemática dándole amplias y exclusivas competencias para regular la inmigración.

Sin embargo, varios estados, en distintos momentos de la historia del país, han desafiado y reclamado sus propios poderes dentro de sus límites. Algunos con propuestas pro inmigrantes y otras en contra.

Durante las sesiones legislativas entre 2020 y 2024, la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos o LULAC (por sus siglas en inglés) identificó 561 proyectos de ley y resoluciones presentados sobre migración por distintos estados en el país, y 74 fueron aprobadas por las legislaturas estatales, lo que representa un 13.2 por ciento en ese periodo.

Desde el 2020, se ha disparado un 357 por ciento la legislación antiinmigración, y buena parte de estas propuestas se vieron en las más recientes sesiones legislativas: 132 propuestas en 2023 y 233 en 2024.

“Exploramos cómo la racialización de la política ha puesto en mayor riesgo a las comunidades latinas, subrayando las amenazas y peligros tangibles que estos avances legislativos plantean ahora”, dice el informe.

Cuando se promulgó el Título 42 bajo la administración de Donald Trump, 17 estados se sumaron y propusieron políticas anti santuario, que supuso un tercio de las 51 propuestas sobre migración de ese año.

Para el 2021, tras las elecciones y los falsos alegatos de fraude electoral, varios estados se centraron en proponer medidas para verificar la elegibilidad de los votantes, 14 en total, y la integridad de las elecciones. 39 iniciativas criticaron la política migratoria de la recién inaugurada administración Biden, lo que contribuyó a un aumento del 59 por ciento en las propuestas antiinmigrantes, con un total de 81 medidas.

En 2022, “surgieron 14 propuestas dirigidas a penalizar el empleo de trabajadores indocumentados y el trabajo sin la debida autorización”, dice el reporte.

En 2023 se dio un incremento del 106 por ciento frente al año anterior. Dos propuestas estuvieron en el foco de atención: la ley SB 4 de Texas—que se peleó en tribunales— y la SB 1718 de Florida, que también se demandó y que un año después de su implementación, se estima que ha costado miles de millones de dólares.

Así que para hablar sobre este reporte invitamos a sus autores e investigadores, Marcos Montoya Andrade, becario de investigación y política de LULAC, Ray Serrano, director de investigación y política de LULAC, y Alba Villa, directora de desarrollo de LULAC.

Más detalles en nuestra conversación a continuación.

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